Mientras España acelera su transición energética con cifras récord de instalación de renovables, una realidad menos comentada emerge en el territorio. Detrás de los megavatios verdes que llenan titulares, se libra una batalla silenciosa por el suelo que enfrenta a comunidades rurales, grandes corporaciones y administraciones públicas. No es solo una cuestión de paneles solares y aerogeneradores, sino de quién decide qué paisajes transformamos y a qué precio.
En Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, los proyectos fotovoltaicos se multiplican como setas después de la lluvia. Pero los agricultores que llevan generaciones trabajando esas tierras miran con recelo cómo sus campos de secano se convierten en cotizados activos energéticos. "Nos ofrecen alquileres que triplican lo que ganamos con el cereal, pero ¿y después? ¿Qué dejamos a nuestros hijos? Un desierto de silicio", comenta Juan Martínez, olivarero de Jaén que rechazó una oferta de 25 años para instalar paneles en sus 50 hectáreas.
La paradoja es palpable: necesitamos energía limpia para combatir el cambio climático, pero la instalación masiva genera sus propios conflictos ambientales. Los estudios de impacto multiplican sus páginas mientras colectivos ecologistas denuncian la "renovablización" de espacios naturales protegidos. En Aragón, el proyecto de un macroparque eólico en la sierra de Alcubierre enfrenta a defensores del águila real con promotores que prometen empleo verde. Dos verdades que chocan en el mismo territorio.
Las administraciones autonómicas, atrapadas entre los objetivos del PNIEC y las presiones locales, improvisan normativas a velocidad de vértigo. Castilla y León acaba de aprobar un decreto que limita las instalaciones en suelo agrícola de calidad, mientras Murcia debate si considerar las plantas solares como "uso industrial" sujeto a mayores controles. Un mosaico regulatorio que confunde más que clarifica.
El capital internacional acecha estos conflictos. Fondos de inversión alemanes, franceses y chinos han identificado el sur de España como la "Arabia Saudí solar" del continente. Compran derechos de suelo a través de intermediarios locales, fragmentando propiedades y alterando mercados rurales. Un informe interno de Energía Estratégica revela que el 68% de los proyectos mayores de 100MW tienen participación extranjera mayoritaria.
Mientras, las eléctricas tradicionales juegan sus cartas. Iberdrola y Endesa despliegan sus departamentos de "relaciones con comunidades" mientras desarrollan gigavatios de nueva potencia. Su discurso habla de "transición justa" y "beneficios compartidos", pero los ayuntamientos más pequeños denuncian acuerdos leoninos y promesas incumplidas. En un pueblo de Cuenca, el alcalde muestra facturas de luz que no han bajado pese a tener tres parques eólicos en su término municipal.
La solución, según expertos consultados por El Periódico de la Energía, pasa por planificación real y no por acumulación de proyectos. "Necesitamos mapas de idoneidad claros, participación ciudadana vinculante y modelos de negocio que repartan valor, no solo paguen rentas", afirma la geógrafa Clara Rodríguez. Su propuesta: reservar el 30% de cada proyecto para inversión local y crear fondos de reversión que financien la restauración post-explotación.
El futuro se decide ahora. Las subastas renovables asignan capacidad, pero ignoran el coste social. Los fondos Next Generation aceleran la instalación, pero podrían profundizar desigualdades territoriales. España tiene la oportunidad de hacer las renovables de otra manera: integradas en el paisaje, consensuadas con las comunidades y gestionadas con visión a largo plazo. O podemos repetir los errores del pasado, donde el beneficio de unos pocos dejó cicatrices en el territorio.
La transición energética será verde o no será, pero sobre todo deberá ser justa. Mientras escribo estas líneas, en algún lugar de la España vacía, un agricultora decide si firmar un contrato que cambiará su tierra para siempre. Su dilema resume el nuestro: cómo alimentamos el futuro sin devorar el presente.
El lado oscuro de las renovables: conflictos territoriales y batallas por el suelo en España
