Mientras los grandes titulares se centran en megaproyectos y acuerdos internacionales, una transformación más profunda y democratizadora está ocurriendo en pueblos, barrios y comunidades por toda España. Las comunidades energéticas, ese concepto que sonaba a utopía hace apenas cinco años, están demostrando que la transición energética puede ser tan local como global, tan colectiva como individual.
En un pequeño pueblo de Teruel, donde el invierno congela las calles y las facturas de la luz amenazan con vaciar las ya escasas economías familiares, un grupo de vecinos decidió que la solución no vendría de Madrid ni de Bruselas. Juntaron ahorros, solicitaron subvenciones y, tras meses de trámites y reuniones interminables, instalaron paneles solares en los tejados del ayuntamiento, la escuela y el centro de salud. Hoy, esos mismos vecinos no solo han reducido su factura eléctrica en un 40%, sino que venden el excedente a la red y reinvierten los beneficios en mejorar el aislamiento de las viviendas más antiguas. Su historia, que podría parecer anecdótica, se repite con variaciones en más de 300 municipios españoles.
Lo fascinante de este movimiento no es solo su crecimiento exponencial –las comunidades energéticas se han multiplicado por diez en los últimos tres años–, sino su capacidad para sortear obstáculos que paralizarían a actores más convencionales. Donde las grandes eléctricas ven barreras regulatorias, estas comunidades encuentran resquicios legales. Donde los bancos exigen garantías imposibles, los vecinos crean sistemas de microfinanciación colectiva. Y donde la burocracia amenaza con ahogar la iniciativa, aparece la figura del 'energético local', ese híbrido entre activista, ingeniero y gestor que está emergiendo como el verdadero catalizador del cambio.
El modelo económico detrás de estas comunidades es tan simple como revolucionario: en lugar de depender de subvenciones eternas, están creando ecosistemas energéticos autosuficientes. Los excedentes de producción solar diurna se almacenan en baterías comunitarias para cubrir la demanda nocturna. Los puntos de recarga para vehículos eléctricos funcionan con energía producida a menos de un kilómetro de distancia. Y los beneficios, en lugar de engrosar dividendos de accionistas lejanos, financian mejoras en eficiencia energética para los miembros más vulnerables de la comunidad.
Pero no todo es idílico en este panorama. La resistencia de los actores tradicionales se manifiesta de formas sutiles pero efectivas: trabas administrativas que se multiplican misteriosamente, dificultades para acceder a la red de distribución, campañas de desinformación sobre la 'inestabilidad' de estos sistemas. Un directivo de una eléctrica tradicional, que prefirió mantener el anonimato, lo resumió así durante una conversación en los pasillos de un congreso sectorial: 'No nos preocupa su tamaño actual, nos preocupa el precedente que establecen. Si la gente descubre que puede generar, gestionar y beneficiarse de su propia energía, el modelo centralizado colapsa'.
La paradoja más interesante quizás sea que esta revolución desde abajo está obligando a las grandes empresas a innovar más rápido de lo que lo habrían hecho por voluntad propia. Varias utilities han lanzado programas piloto para crear sus propias 'comunidades energéticas gestionadas', un oxímoron que revela tanto la adaptabilidad del capitalismo como la fuerza del movimiento que intentan cooptar. Mientras, las cooperativas energéticas tradicionales, que durante años fueron la alternativa verde pero minoritaria, están encontrando en estas comunidades locales su oportunidad para escalar sin perder su esencia.
El verdadero test para este movimiento llegará en los próximos dos años, cuando decenas de proyectos actualmente en fase de desarrollo entren en operación. Su éxito o fracaso determinará si estamos ante un cambio de paradigma real o simplemente otra moda bienintencionada pero marginal. Los indicios, sin embargo, apuntan a lo primero: la Unión Europea ha incluido el apoyo a las comunidades energéticas como eje central de su paquete de transición justa, y varias comunidades autónomas están desarrollando marcos regulatorios específicos.
En el pueblo de Teruel, mientras tanto, los vecinos ya planean la segunda fase: instalar una miniturbina eólica en una colina cercana para complementar la producción solar durante los meses de menor radiación. No consultan a expertos internacionales ni contratan caras consultorías. Simplemente aplican la lógica que ha guiado a las comunidades rurales durante siglos: si un recurso es abundante y está disponible, encontrar la manera de aprovecharlo colectivamente no es una opción tecnológica, es una obligación de supervivencia. Y en eso, resulta, llevan ventaja a todos los think tanks y departamentos de I+D del mundo.
La revolución silenciosa: cómo las comunidades energéticas están cambiando las reglas del juego
