En los últimos años, España se ha convertido en un campo de batalla silencioso donde los parques eólicos y solares se expanden como setas después de la lluvia. Mientras políticos y grandes corporaciones celebran récords de producción renovable, un goteo constante de quejas emerge desde pueblos remotos y áreas rurales. La paradoja es palpable: la energía que prometía un futuro más limpio está generando nuevas fracturas sociales.
En Extremadura, donde los proyectos fotovoltaicos cubren ya miles de hectáreas, los agricultores locales hablan de 'colonización energética'. "Nos venden esto como progreso, pero lo único que vemos son tierras que antes daban alimento ahora tapadas por paneles", comenta María López, cuya familia ha cultivado olivos en la zona durante tres generaciones. Los contratos de arrendamiento, inicialmente atractivos, se revelan como trampas para pequeños propietarios que ven cómo sus terrenos quedan fuera de producción durante décadas.
La eólica no se queda atrás en controversias. En Galicia, donde los molinos coronan montañas sagradas para la cultura local, las protestas han tomado un cariz casi místico. "No es solo el paisaje, es nuestra memoria lo que están enterrando bajo hormigón", explica Xosé Manuel, portavoz de una plataforma ciudadana que ha logrado paralizar temporalmente tres proyectos. La velocidad de las autorizaciones administrativas contrasta con la lentitud de los procesos de participación real, creando una sensación de imposición que envenena el diálogo.
Mientras tanto, el modelo de negocio revela grietas preocupantes. Las subastas renovables, diseñadas para garantizar precios competitivos, han derivado en una carrera hacia el abismo donde solo los grandes fondos de inversión internacionales pueden competir. "Es el capitalismo verde en estado puro: externalizamos los costes sociales y ambientales mientras concentramos los beneficios", analiza el economista energético Carlos Méndez. Los datos le dan la razón: el 80% de los nuevos proyectos están controlados por entidades financieras sin raíces en los territorios afectados.
La justicia energética brilla por su ausencia en este panorama. Las comunidades que albergan los parques reciben migajas en comparación con los beneficios generados, mientras siguen pagando facturas de luz que no reflejan la abundancia producida en sus tierras. "Producimos para Madrid y Barcelona, pero aquí seguimos con precios de capital", se queja un alcalde de Teruel que prefirió mantener el anonimato por miedo a represalias administrativas.
El transporte de esta energía renovable plantea otro rompecabezas sin resolver. Las nuevas líneas de alta tensión atraviesan espacios naturales protegidos con una urgencia que soslaya estudios de impacto rigurosos. En Doñana, la amenaza de un corredor eléctrico para evacuar la producción solar de Huelva ha unido a conservacionistas y lugareños en una resistencia feroz. "Salvamos el clima para destruir la biodiversidad: ¿qué clase de ecología es esta?", pregunta la bióloga Elena Castillo mientras muestra mapas con las rutas previstas.
La transición justa prometida por el gobierno parece haberse extraviado en el camino. Los empleos verdes anunciados a bombo y platillo se materializan en contratos temporales para trabajos de instalación, sin planes de formación que permitan a la población local acceder a los puestos cualificados. "Vienen técnicos de fuera, montan los paneles en seis meses y se van. Nos quedamos con los agujeros en la tierra y nada más", resume amargamente un joven de Cuenca que emigró a la ciudad tras ver frustradas sus esperanzas de trabajar en el 'boom' renovable.
La solución, según expertos consultados, pasa por reinventar el modelo. Algunas comunidades autónomas exploran ya fórmulas de participación ciudadana en los proyectos, donde los vecinos puedan invertir y decidir. En Navarra, una cooperativa eólica reparte beneficios entre 800 familias y financia mejoras locales. "Cuando la energía es de todos, cuidamos todos", explica su presidenta, que ve en este modelo la única vía para una transición realmente inclusiva.
Mientras el debate se intensifica, una pregunta flota en el aire: ¿podemos construir un sistema energético limpio sin repetir los errores del pasado? La respuesta determinará no solo nuestro éxito contra el cambio climático, sino la cohesión misma de nuestra sociedad. Porque una transición que deja a personas atrás, por muy verde que sea, difícilmente puede llamarse progreso.
El lado oscuro de las renovables: cuando la transición energética deja comunidades atrás
